Leyes Secundarias de la Reforma Judicial: Un Paso Decisivo hacia la Transparencia en el Poder Judicial

La iniciativa del gobierno busca definir claramente el proceso de selección de jueces y evitar que más amparos frenen la reforma.

En un esfuerzo por dar certeza al mercado financiero y calmar inquietudes, la ala menos radical de Morena ha impulsado la creación de leyes secundarias para la reforma judicial. Ayer, en la conferencia mañanera, se presentó oficialmente esta serie de leyes que buscan impedir que más amparos bloqueen el avance de la reforma. La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa para precisar el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, reforzando la claridad del proceso.

Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, explicó que en 2025 se llevará a cabo la elección de los ministros de la Suprema Corte, así como de otros cargos judiciales relevantes. Sin embargo, los jueces de los poderes judiciales estatales seguirán su propio calendario, concluyendo el proceso en 2027.

El gobierno ha resaltado que el proceso de selección será público, inclusivo y abierto a todos los interesados. Comités de evaluación conformados por los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— serán responsables de calificar los perfiles de los candidatos. Estas leyes secundarias ahora se dirigirán al Congreso, donde Morena cuenta con la mayoría necesaria para su aprobación.

Mientras tanto, el INE ha presentado una impugnación ante el Tribunal Electoral en contra de las suspensiones judiciales que impiden la aplicación de la reforma. Paralelamente, el Partido Acción Nacional (PAN) ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, mientras que el gobierno de Guanajuato, bajo el liderazgo de la panista Livia García, ha lanzado una controversia constitucional en un intento por frenar la reforma.

En otro frente, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha apoyado la revisión de la reforma judicial por parte de la Suprema Corte. La organización empresarial señala que este análisis es necesario para determinar si la enmienda vulnera la independencia del poder judicial y pone en riesgo la democracia.

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